Hablar de políticas sociales en España es hablar de dos formas de entender el Estado y los derechos de la ciudadanía. Por un lado, el PSOE, que ha convertido la ampliación de derechos y la protección social en su bandera. Por otro, el PP, que una y otra vez ha puesto freno, recortado o limitado avances sociales bajo el pretexto de la “austeridad” o el “control económico”.
PEl PSOE: un motor de derechos y justicia social
A lo largo de la democracia, los gobiernos socialistas han sido los que más han ensancharon el espacio de los derechos en España:
- Sanidad universal y gratuita: gracias a la Ley General de Sanidad (1986), la salud dejó de ser un privilegio y pasó a ser un derecho de todos.
- Educación inclusiva: con la LOGSE (1990) se amplió la escolarización obligatoria y se apostó por una educación más moderna y democrática.
- Igualdad real: leyes pioneras como el Matrimonio Igualitario (2005), la Ley de Igualdad (2007) o la Ley contra la Violencia de Género (2004) han situado a España a la vanguardia mundial.
- Dependencia y cuidados: la Ley de Dependencia (2006) reconoció por primera vez el derecho a ser cuidado dignamente.
- Protección laboral: subidas históricas del Salario Mínimo Interprofesional, mejoras en permisos de paternidad y maternidad y medidas contra la precariedad.
Cada vez que el PSOE ha gobernado, los ciudadanos han ganado en derechos, en seguridad y en dignidad.
El PP: austeridad y retrocesos sociales
En contraste, los gobiernos del PP han dejado una huella marcada por la restricción y el retroceso social:
- Sanidad limitada: en 2012 se recortó la universalidad sanitaria, dejando fuera a miles de inmigrantes en situación irregular.
- Dependencia ralentizada: la aplicación de la Ley de Dependencia sufrió recortes y retrasos que dejaron a muchas familias desprotegidas.
- Reforma laboral (2012): abarató el despido, precarizó el empleo y debilitó el poder de los trabajadores frente a las empresas.
- Educación regresiva: la LOMCE (2013) impuso un modelo competitivo y segregador, restando importancia a la educación en valores democráticos.
Bajo el discurso de la “responsabilidad económica”, el PP ha recortado en lo que más importa: derechos y calidad de vida de la ciudadanía.
PSOE – Principales leyes sociales aprobadas
- Ley General de Sanidad (1986) – sistema nacional de salud universal.
- LOGSE (1990) – gran reforma educativa.
- Ley de Igualdad (2007) – igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
- Ley de Dependencia (2006) – atención a personas en situación de dependencia.
- Ley de Matrimonio Igualitario (2005) – matrimonio entre personas del mismo sexo.
- Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2010) – sistema de plazos.
- Ley de Memoria Histórica (2007) y Ley de Memoria Democrática (2022).
- Ley de Eutanasia (2021).
- Ingreso Mínimo Vital (2020) – aunque es una prestación, nace con rango normativo.
PP – Principales leyes sociales aprobadas
- Ley de Calidad de la Educación (LOCE, 2002) – no llegó a aplicarse plenamente.
- Ley de Educación (LOMCE o “Ley Wert”, 2013) – evaluaciones, religión en el currículo, impulso a la concertada.
- Reforma Laboral (2012) – flexibilidad, abaratamiento del despido.
- Ley de Estabilidad Presupuestaria (2012) – prioridad a control del déficit, con repercusión en gasto social.
- Medidas de apoyo a familias numerosas y natalidad (distintos programas autonómicos y estatales).
- Recortes en dependencia y financiación sanitaria (2012–2013) – más que nuevas leyes, fueron ajustes normativos.
En conclusión, la trayectoria política de España refleja dos modelos claramente diferenciados en materia social. El PSOE ha actuado como motor de la ampliación de derechos sociales, civiles y de igualdad, consolidando un Estado del Bienestar más inclusivo y garantista. Por su parte, el PP ha puesto el acento en la estabilidad económica, el fortalecimiento de la familia tradicional y la colaboración público-privada, lo que en épocas de crisis se ha traducido en una reducción o freno de determinados avances sociales.
Esta dualidad ha marcado la evolución del sistema democrático español, generando un debate constante entre la expansión de derechos y la contención del gasto, entre un modelo universalista y otro más condicionado por la disciplina económica.